Redacción y Fotografía: Álvaro Carbajal, Licenciado en Periodismo UES.
En la actualidad el acceso a las tecnologías de Información y Comunicación (TIC), es tema de debate si deben ser incluidas como políticas públicas de Estado o si deben mantenerse sobre la base de la oferta y la demanda, la lógica del mercado, En ese marco Andrea Cristancho, coordinadora de la Maestría en Comunicación de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), disertó su ponencia “El derecho a la comunicación”, ofrecida en el marco de la presentación del libro: Centroamérica, democracia desconectada.
Cristancho sostiene que investigaciones de esa naturaleza surgen para que la sociedad civil pueda exigir el derecho humano a la comunicación y es responsabilidad de los académicos darle herramientas a la sociedad para sus luchas.
Estima que la tecnología ha permitido abrir espacios de comunicación más allá de los monopolios mediáticos, sin embargo, esa oportunidad no se está aprovechando porque no todos los sectores tienen acceso a estas tecnologías y El Salvador está muy lejos de aprovechar esas oportunidades, se requieren políticas públicas que garanticen el derecho, uso, acceso y apropiación de las tecnologías.
El acceso a las TIC no puede regirse sobre la base de la ley de oferta y demanda y se debe garantizar que esas tecnologías como el acceso a Internet sea un servicio público como el agua, dijo la Académica.
Sostiene que nunca antes en la historia había existido una oportunidad para ejercer el derecho a la comunicación como en la actualidad, porque las TIC plantean un ejercicio propositivo, y eso es el motor para que ahora los consumidores sean prosumidores y la comunicación comience desde el receptor y no como tradicionalmente se hacía desde el emisor, el receptor participa activamente en el proceso de comunicación.
A partir de ese planteamiento recomendó a los comunicadores: “si van a tener una fanspage o utilizar cualquier red social tienen que tener un modelo que responda al rol activo receptor, en el que participe activamente en el proceso comunicacional, la misma tecnología lo exige y debe responder al derecho humano a la comunicación”.
Para ilustrar aclaró que en la actualidad muchos escándalos han salido a luz pública a través de las redes sociales, en páginas alternativas, en información que el ciudadano canalizó en otros escenarios por fuera de los monopolios mediáticos; de ahí la importancia de la defensa y promoción de los derechos humanos, es decir, la tecnología ha permitido que muchos movimientos sociales en el mundo se comuniquen, se integren, armen redes de apoyo para el ejercicio al derecho a la comunicación.
Explicó que el análisis de políticas públicas sobre TIC debe realizarse a partir de un concepto que se llama ecosistema digital y el proceso de la digitalización de la radio y la televisión. Agregó que el ecosistema digital plantea que tienen que haber políticas públicas integrales y desde cuatro dimensiones: La infraestructura, que provee la conectividad digital; los servicios que permiten desarrollar la conectividad digital; aplicaciones que generan demanda en el ecosistema; y, los usuarios que se apropian de la tecnología para crear contenidos.
Cristancho enumeró algunos resultados de la investigación: primero que las TIC no ocupan un lugar central en la organización administrativa de los Estados y están dispersos en muchas instancias.
Además, la ausencia de políticas públicas y de un marco normativo que reconozca la importancia de las TIC en el proceso de desarrollo democrático ha profundizado la inequidad y la exclusión de sectores vulnerables, o sea que el uso de las TIC ha crecido por la lógica del mercado y no por políticas públicas.
Subrayó que, si antes las personas no sabían leer y escribir ya era un problema, ahora el no tener acceso a la tecnología se traduce en analfabetismo tecnológico y en consecuencia se vuelve más difícil salir del circulo de la pobreza.