Fotografías: Roberto Galindo
El Frente Universitario Roque Dalton (FURD), organizó el segundo foro medioambiental denominado: Situación del bien hídrico en El Salvador, minería y la experiencia de Honduras.
En la actividad participaron como ponentes: María José Zometa, Asesora del grupo Parlamentario FMLN y representante ante la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático; Luis González de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) y José Matías Santiago, miembro del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-HONDURAS).
Para contextualizar la situación del agua a nivel global se informó que El 20 % de la población mundial no tiene acceso al agua potable, mientras que arriba del 40 % carece de instalaciones de saneamiento.
Este problema no sólo repercute directamente en la salud, dignidad y calidad de vida de las personas, sino también en los desafíos de crecimiento y productividad que tienen los países en desarrollo.
El 28 de julio de 2010, la ONU reconoció el derecho humano al agua, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la Observación General # 15” El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna". El derecho humano al agua es el derecho que cada uno tiene a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico
María José Zometa, Asesora del grupo Parlamentario FMLN, elaboró su ponencia a través de un contexto Global del agua, contexto nacional y el proceso de aprobación de la Ley General del Agua
Destacó que el bien hídrico está amenazado principalmente por la contaminación, la deforestación y el cambio climático por la cual el país urge una Ley General de Aguas que garantice la sustentabilidad ambiental y el derecho humano al agua.
Indicó que a nivel global las aguas subterráneas abastecen de agua potable por lo menos al 50% de la población mundial y representan el 43% de toda el agua utilizada para el riego.
Más de 768 millones de personas no tienen acceso al agua potable, indicó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). En su mayoría, estas personas viven en la pobreza, en zonas rurales apartadas o en barrios urbanos marginales.
En el contexto nacional informó que la procedencia del agua utilizada para el riego, el 88% proviene del agua de río y el resto entre agua de pozos y fuentes o manantiales.
Agregó que existe una degradación en su calidad que se incrementa progresivamente por la contaminación de tipo difusa
En cuanto a las problemáticas del agua en el país mencionó la escasa capacidad de regulación hídrica en las cuencas, fuerte deterioro de la calidad de las aguas superficiales, acuíferos amenazados por reducción de infiltración, sobreexplotación, contaminación y falta de un ordenamiento con prioridades de uso y de un régimen económico y financiero justo y equitativo
Agregó que en el país los trámites de permiso de riego que va desde 0.07 a 0.7 hectáreas, equivalente a una manzana están exentos de pago y más de 17.50 hectáreas (25 manzanas en adelante) pagan únicamente $113.00.
Por su parte, Luis González de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) disertó sobre las repercusiones de la propuesta privatizadora y su relación con la minería
González describió el impacto negativo de la minería en las áreas ambientales, sociales y económicos. La primera implica extracción de recursos naturales no renovables, alteración y profundización de flujo de aguas subterráneas, deterioro y contaminación de las aguas.
En lo social se traduce en desplazamiento forzado, ataques físicos y la pérdida de fuentes de sustento asociadas a la expropiación de tierras, representan violaciones graves de los derechos humanos, se pone en confrontación a las comunidades que están a favor y en contra de los proyectos mineros.
En el tema económico existe pérdida de modos de vida tradicional, las grandes minas a cielo abierto remueven grandes extensiones de tierra que pueden desplazar usuarios tradicionales de esas tierras como los agricultores. Cuando los pobladores deciden quedarse en las zonas mineras con sus actividades de agricultura y la ganadería afrontan pérdidas en sus ingresos debido a la contaminación de recursos esenciales como el agua.
González hizo un análisis comparativo de las Propuestas de Ley General de Agua y Ley de agua de la ANEP.
Agregó que necesario trabajar en una nueva cultura del agua como derecho humano fundamental, gestión sustentable, crear marcos regulatorios y políticas públicas para su sustentabilidad, participación ciudadana y plena cobertura de abastecimiento de agua potable y saneamiento.
Honduras y pronunciamiento
José Matías Santiago, miembro del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-HONDURAS), reflexionó sobre el Derecho al agua en Honduras.
Indicó que de acuerdo al instituto Nacional de Estadística un 86% de los hogares hondureños acceden al agua potable, sobre todo Tegucigalpa y San Pedro Sula, de ese porcentaje un 41% de las viviendas poseen conexiones internas mientras un 45% tiene agua afuera de la vivienda
Agregó que un 41% de la población tiene acceso al agua a través de servicio público y el 45 % de la población tiene acceso a través de servicio privado. En las áreas rurales predomina el servicio privado en un 71%.
Señaló que Honduras tiene el mayor número de ríos y afluentes por área cuadrada en la región centroamericana, la disponibilidad hídrica de Honduras es de 13,500 m3 por habitante al año, cifra 13 veces superior al límite internacional que es de 1,000 m3
Agregó que a menudo se dan conflictos sobre el uso del agua con proyectos hidroeléctricos y mineros donde la población local (incluye población indígena) no ha dado su consentimiento, añadió que el proceso de municipalización del sistema del agua potable en Honduras volvió a surgir en 2014 y 2016 lo que considera un paso previo a la privatización.
Por su parte, Carlos Blanco, representante estudiantil, dio lectura al posicionamiento del FURD ante la problemática del agua en el país, donde manifiestan que más de la mitad del recurso hídrico es utilizado por el sector productivo privado; es decir, los grandes empresarios que buscan satisfacer su ambición capitalista sin importar cuantas familias y pueblos sean afectados por ellos.
Los universitarios denuncian la poca voluntad de los partidos de derecha ARENA, GANA/NI, PDC, PCN, de llegar a acuerdos y de retomar una Ley General de Aguas; además exigen se reforme el artículo 2 de la Constitución de la República para que esté expreso el derecho al agua.
