Redacción: Alvaro Carbajal periodista de la Unidad de Comunicaciones
La Escuela de Ciencias Sociales a través de la Licenciatura en Sociología realizó el Foro Las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos (EE.UU.) y su impacto en El Salvador, los ponentes del evento fueron Ricardo Antonio Argueta, sociólogo y docente de la UES, y Edgar Cartagena del Banco Central de Reservas (BCR). El foro se realizó en el auditórium de Odontología el 15 de noviembre del presente año.
Ricardo Argueta realizó un análisis sociológico del impacto de las políticas migratorias del actual gobierno de los EE.UU. y los posibles escenarios que tendrán lugar si el Programa de Estatus de Protección Temporal TPS (por sus siglas en inglés) no se renueva y plantea las posibilidades.
Sostiene que El Salvador tiene la mayor cantidad de beneficiados con el TPS de todos los países que gozan de ese beneficio y de eso realizó dos lecturas, uno que el país no da oportunidades de empleo a su población, entonces no queda otra posibilidad que buscar oportunidades en otro país.
La otra lectura que “podemos hacer y que no se menciona”, dice Argueta, es la capacidad de emprendedurismo que tienen los salvadoreños, porque El Salvador, Honduras y Nicaragua están en iguales condiciones, sin embargo la cantidad de emigrantes de estos países en EE. UU., la cantidad de los vecinos de El Salvador es menor.
Al referirse a las políticas migratorias de EE. UU. en El Salvador: uno, es que habrá una reducción de las remesas, entonces qué va pasar si se suspende el TPS, primero va a ver una reducción del consumo, puede también generar los niveles de desempleo en la medida que los deportados no puedan insertarse a la economía y también va a disminuir al empleo en aquellas actividades económicas que se van a ver afectadas por esa disminución de remesas.
Argueta considera que esas son las afectaciones directas, pero también va afectar a las empresas, estima que va a tener efectos en el sistema bancario pues ya no recibirán el porcentaje de comisión que cobran por el envío y en la economía de servicios, igual al haber menos consumo en la medida que disminuya las posibilidades de consumo de quienes ya no reciban remesas.
El sociólogo planteó que eso puede tener otros efectos directos en personas retornadas de EE. UU.: sentimiento de frustración porque esas personas ya tienen un desarraigo del país y en caso de deportación se tendría que realizar una reintegración, también puede generar pérdidas materiales como hipotecas, al no poder asumir compromisos adquiridos por su estatus en EE. UU. y habrá mayor demandas hacia el Estado de servicios de salud, educación.
Preguntó dónde se ubicarán a todos los deportados en caso que se termine el TPS, eso generará mayor presión demográfica y finalmente planteó que eso puede tener un uso político en el caso de una renovación del TPS después de marzo, eso podría propiciar una eventual candidatura presidencial del canciller Hugo Martínez por las gestiones que ha realizado a favor de los compatriotas en EE. UU.
Si sucede lo contrario, que no se renueve el TPS, esto será utilizado por la derecha para arremeter contra el gobierno por sus vínculos con Venezuela, con el argumento que por esa razón EE. UU. ya no renovó el beneficio.
Argueta analizó que los costos de deportación para EE. UU. son elevados, para devolver a los once millones a sus países de origen, les costaría en tiempo por lo menos dos décadas y el costo por persona es un aproximado de diez mil dólares, lo cual se traduce en total doscientos mil millones de dólares.
Concluye, si los costes de deportación son más elevados que las relaciones de amistad y de relaciones estratégicas que EE. UU. pretende llevar acabo con América Latina, habrá que preguntarse, en cuánto tiempo tendrá la capacidad el país del norte de deportar más de 200 mil personas, finalizó Argueta.
La ponencia del Lic. Edgar Cartagena, representante del BCR ver nota aparte.